Performance y acción política en la crisis argentina
Primera Parte

Noventa días
Buenos Aires, domingo 2 de diciembre de 2001. Mes caluroso y festivo; verano austral, víspera de las vacaciones, receso escolar, tiempo de balance y fiestas de fin de año; antiguamente, también del cobro del aguinaldo (sueldo anual complementario), de los regalos navideños, los preparativos de viajes y las reuniones familiares.
Pimera plana del diario Clarín:
“Efectivo: límite de $250 semanales. El Gobierno recortó el uso libre de los depósitos bancarios, incluso en el caso de los sueldos. Así responde a la crisis desatada por la fuga de depósitos. Dice que esta medida durará 90 días, hasta que concluya el canje de la deuda”.
Donde dice “el Gobierno”, léase el Ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, último recurso de la desastrosa administración del presidente de Fernando de La Rúa.

Los noventa días pasaron. En el intervalo, un presidente electo renunció a su cargo, se sucedieron velozmente cuatro presidentes más; el poder judicial cayó en la mayor ilegitimidad de su historia; la economía argentina quebró; millones de personas cruzaron la “línea” de la pobreza, la exclusión social subió a niveles inéditos; la población organizó manifestaciones y entró en estado deliberativo en asambleas autoconvocadas, poniendo en crisis la legitimidad de toda la clase política; el aparato represor del estado cobró decenas de víctimas durante el desbande del gobierno electo sin que se juzgara la responsabilidad del poder político frente a esas muertes. Las imágenes de Buenos Aires en llamas, saqueos a supermercados, “piquetes” en las rutas, “cacerolazos” en las calles y plazas, recorrieron el mundo. El estado argentino declaró el “default” de su deuda externa, el capital financiero internacional interrumpió toda ayuda hasta tanto se tomaran las interminables medidas de “ajuste” necesarias para restablecer el modelo de saqueo y concentración de la riqueza que estalló a fin de año. Los bancos retiraron hacia el exterior los depósitos de los ahorristas, la moneda se devaluó en más de un trescientos por ciento, se inició un proceso inflacionario que empujó aún más a la población hacia la pobreza, y las empresas privatizadas y los sectores beneficiados durante la última década por el modelo económico en implosión jugaron su pulseada para mantener sus formidables tasas de ganancia. Y el célebre “corralito” (la retención de los ahorros bancarios), 90 días después, siguió en pie, sin fecha de término.
…
Crónica
Buenos Aires, diciembre de 2001
Las dos primeras semanas de diciembre de 2001 construyen las condiciones “dramáticas” del orden performático de las movilizaciones de los días 19 y 20.
Hasta entonces, en una sociedad desmovilizada por la dictadura (fines de los 70 y principios de los 80) y luego re-institucionalizada en un orden interno y externo a fuerza de pactos de impunidad, injusticia, modelos neoliberales, concentración de la riqueza, exclusión social, corrupción y crisis de representatividad, los vínculos sociales están deshechos.

Sin embargo, los años 90 abundan en manifestaciones y reclamos de diversos sectores sociales, con objetivos diferentes y con fórmulas que luego veremos en detalle. No obstante, debido a las características de las democracias de la post- dictadura, estas manifestaciones no se articulan entre sí, sino que se disgregan entre las parcialidades de un tejido social descompuesto. Un “piquete” (un corte de ruta) de desocupados del conurbano (cinturón industrial paralizado de las grandes ciudades, zona de manifestación de los excluidos del modelo económico), es sentido como una molestia y un atentado al “derecho” por los demás. El “derecho a reclamar” se equipara y choca con el “derecho de tránsito”; aquel que quiere “pasar” por allí, siente que el reclamo que se le interpone no pertenece a su mismo mundo, sino que proviene de un universo del todo ajeno y necesita una intervención: a los reclamos por derechos básicos se opone una demanda de orden y seguridad.

En este sentido, las protestas de los excluidos parecían no tener nada que ver con el orden tranquilizador de las capas medias que, si bien habían sentido la precariedad de su propia situación y habían expresado ya los signos de la crisis de representatividad política e institucional, seguían respondiendo a la desmovilización política preponderante en las últimas décadas. Y esto es lo primero que cambia en el escenario cotidiano: a raíz del “corralito”, de la noche a la mañana los cuerpos de los habitantes de la clase media inmovilizada son alcanzados y deben, casi obligatoriamente, desplazarse y congregarse.

Una de las consecuencias imprevistas de la medida es la de la “bancarización” obligatoria para hacer compras y pagos, pues el efectivo circulante fue retenido: un amplio espectro social –asalariados, comerciantes, profesionales, etc.– deben, por lo tanto, acudir masivamente a los bancos a gestionar tarjetas de débito, abrir cajas de ahorro, indagar sobre el destino de sus depósitos en peligro. De la noche a la mañana se crean dos escenarios potentes: por una parte, las clases medias sienten en carne propia la expropiación, y sus individuos se ven reunidos, ya no en el interior de los bancos, sino en las calles (pues las colas son enormes), bajo condiciones de manifestación pública imprevista: cámaras de televisión, protestas espontáneamente conjuntas, exposición y visibilidad. Por la otra, la actividad de los trabajadores de la economía “informal” (aquellos que no pueden bancarizarse: vendedores callejeros, empleados en “negro”, etc.) queda abruptamente detenida a raíz de la falta de dinero circulante.

Primeras semanas de diciembre: el cambio profundo de la actividad cotidiana es llamativo; la vida cotidiana deviene en una veloz, urgente y práctica comunicación en la que de pronto “todos” (en una especie de conglomerado desarticulado) estamos envueltos: es una cuestión de los jubilados y sus haberes pero también una cuestión del estudiante y su salida laboral, una cuestión del empleado y del desempleado, una cuestión del taxista y del dueño de una pequeña empresa, una cuestión del ahorrista pero también de aquel que tiene un crédito hipotecario, una cuestión de aquel que tenía dinero y no puede recuperarlo, y de aquel que no tenía dinero y no podrá conseguirlo. Los intereses en juego y los sectores en riesgo no son homogéneos, y muchos de sus individuos no tienen, o no reconocen, representatividades organizadas: partidos políticos, sindicatos, agrupaciones, etc.

La “conducta” pública enlaza gente: un jubilado intenta utilizar un cajero automático (una persona de 70 años enfrentada a un dispositivo informático), con una cola de cincuenta personas detrás; un joven que lo intenta ayudar: operación de rápido recorrido del cuerpo y la palabra a través de un ”encuentro forzado” de una población que, hasta el día anterior, sentía que podía permanecer aislada de los demás en el espacio público, aislada de las demás palabras, de los demás cuerpos, los demás intereses, las demás personas. Pero ahora los intereses en juego no son menores: es el pasado y es la supervivencia del presente, para que exista futuro. Este detalle representativo de lo cotidiano permite comprender alguno de los aspectos físicos de la espontaneidad que tanto ha llamado la atención respecto de las manifestaciones y los cacerolazos: adentro del corral todos están afectados por lo mismo, con un modo de circulación unificado, una misma operatoria práctica a realizar, en un tiempo urgente.

Afuera del corral, afuera de la economía, los excluidos.
Y son precisamente los excluidos los que harán rodar, en forma de acción desesperada, la primera piedra, que moverá a las demás.

19 de diciembre
El miércoles 19 de diciembre por la mañana se iniciaron los saqueos a los supermercados.

Fundamentalmente desde los suburbios de las ciudades, en movimiento hacia los centros comerciales. Las imágenes de otros saqueos se reavivan en la memoria: 1988, finales de otro gobierno radical, el Dr. Raúl Alfonsín, en medio de la hiperinflación que, entre otras cosas, deja cerrados los supermercados porque ya no hay precios fijos para la mercadería. Pero 2001 no es 1988: la tasa de desocupación es ahora cinco veces mayor, y el gobierno del Dr. De la Rúa ya no tiene respuestas para la crisis y, a diferencia de aquellos, estos saqueos no se circunscriben a los suburbios de las ciudades, sino que –a veces como rumor, a veces como realidad– se dirigen hacia el centro.

 

A la luz de los acontecimientos posteriores, el escenario para la manifestación y la represión del final del gobierno radical se había completado. Sin embargo, la sensación dominante durante el transcurso del día no era tan clara. Pongamos en contexto ahora lo antedicho respecto de las condiciones performáticas: la población urbana está en las calles, no solamente por razones de trabajo y comercio, sino por las gestiones obligatorias del corralito, la crisis bancaria, las filas de desempleados en busca de trabajo, las manifestaciones de sectores parciales, y ahora los saqueos. La televisión comienza a emitir programas periodísticos de urgencia: imágenes terribles que llegan muchas veces al enfrentamiento de pobres contra pobres. Los rumores del avance de “hordas” que se expanden bloque a bloque a lo largo de las avenidas comerciales, difundidos a menudo por “punteros” políticos , con handies en mano, sincronizando el avance de los rumores. Los comerciantes cierran sus cortinas, desde el mediodía, según la línea de expansión ”arterial”, desde los suburbios hacia el centro, a lo largo de las avenidas. Se esperan, minuto a minuto, anuncios cruciales por parte del gobierno. Sin embargo, el rumor palaciego que se filtra no alude precisamente a la economía, sino a una cuestión de orden represivo: la inminencia de la declaración de un Estado de Sitio.

Suspensión de las garantías constitucionales
Media tarde del 19 de diciembre. Tanto los medios como las reuniones espontáneas de la población, ahora, discuten y tratan de definir el significado y alcance del estado de sitio, palabra con ecos siniestros en la memoria, pues remite a la interrupción de las garantías constitucionales y, de ahí, a la vigencia de un orden represor. Pero su alcance es poco claro: qué garantías y hasta qué punto son interrumpidas, con qué consecuencias, por cuánto tiempo, y sobre todo, con qué objetivo. Porque una vez más, como en el enfrentamiento del “piquete” contra el “transeúnte”, es decir, del derecho a la manifestación por el trabajo contra el derecho de circulación (derechos y necesidades de distinta envergadura), se intenta oponer desde el gobierno una medida de orden frente a una cuestión de derechos básicos enajenados.

A las 19 hs se da a conocer el estado de sitio, y se anuncia que por la noche el presidente dará un discurso televisado. La medida implicaba, entre otras consecuencias, la suspensión del derecho “de reunión”, es decir, del derecho a manifestar, y también un cambio en la modalidad represiva: la policía podía ahora detener a cualquiera, sin mediar una orden judicial previa.

A las 20 hs, la actividad laboral y comercial concluye su jornada. La ciudad, tras un día de agitación extrema, aguarda expectante el discurso del mandatario. Estamos, casi todos, “en casa”. Y el presidente da un célebre discurso: tres minutos de duración, tres minutos unánimemente calificados de “autistas” por la falta de percepción y de relación con la realidad. Luego, el silencio.

De lo que sigue, daré una versión personal, biográfica. Porque creo que a esa altura, una de las consecuencias cruciales del movimiento social y político desencadenado alcanzó un punto inédito: parte de la separación entre lo público y lo privado había, momentáneamente, caído: la separación entre la casa y la calle, entre lo individual y lo colectivo, se movió dramáticamente –en un intervalo de tiempo acotado– hacia otro tipo de relación.

Noche fresca, ventanas cerradas, la música baja. De pronto, se escucha un curioso ruido metálico proveniente del balcón. Salgo a constatar el ruido: proviene de la calle, y es ruido a lata, y a bocinas de autos. Ni siquiera proviene exclusivamente de la calle. Viene también de arriba, de los otros balcones y los otros edificios. Me llama profundamente la atención algo: mi barrio está repleto de parques, plazas y casas bajas, excepto por la concentración edilicia a lo largo de la avenida. No puede tratarse de un “efecto céntrico”, es decir, de disturbios al pasar de una manifestación que “se concentra”. Salgo a la calle; en realidad, a una de las pequeñas plazas. Son más de la diez de la noche y veo allí mujeres, niños, hombres, adultos, comerciantes, empleados, jóvenes, viejos, autos, caminantes, cacerolas, balcones, luces, petardos navideños, cánticos, aplausos, aliento, euforia y reunión.

El barrio, uno de los barrios de la ciudad de Buenos Aires, a las diez y media de la noche en que se declaró el estado de sitio, estaba en movimiento. Era el día de los saqueos, tras dos semanas de corralito y tres años de gobierno radical; tras diez años de gobierno menemista, dos décadas de democracia bipartidista y tres décadas de desmovilización como consecuencia de la dictadura militar. Producto de una historia que teje masacres, impunidades, alianzas nefastas, saqueos económicos, esperanzas desechas, inmovilidad, individualismo, luchas aisladas, enfrentamientos, trabajo, cultura, derechos enajenados y neoliberalismo, el barrio, uno de los barrios, junto a los demás barrios, estaba de pie, manifestando…

Represión y caída
La movilización se trató, entre muchas otras cosas por supuesto, de una masiva performance urbana. La población salió a la calle batiendo cacerolas y tocando bocinas. No sólo se congregó en las plazas históricas sino en grupos a lo largo de las avenidas, en los puentes y plazas de los distintos barrios, e incluso alrededor –rodeando, cercando- la Quinta de Olivos (residencia presidencial). Entre muchas cosas, la manifestación fue un desafío al Estado de Sitio, pero también implicó una declaración de hecho –una puesta en práctica y un acto– que determinó su nulidad. Fue también la contracara de la falta de representatividad del poder político: masiva desobediencia, en conjunción con una demanda que nació a la par: la consigna “que se vayan todos” (que se vayan los representantes que ya no representan a nadie). Tras los cortes de ruta y los saqueos, otro sector social pasaba a manifestar: las capas medias. Entre ellas, los mismos comerciantes que horas atrás cerraban sus locales ante el rumor del avance de los saqueos, salían a manifestar por la noche.

La “inorganicidad” de la manifestación se luce ante las cámaras: no hay ningún cartel partidario, ningún aparato político, ningún signo visible de representación delegada o identificación grupal, sectorial. Sólo banderas argentinas, cacerolas, bocinas y cuerpos. Un paneo por las calles de la ciudad, que durante la tarde había mostrado la desolación de la “tierra de nadie” ante el temor de las “hordas” que “justificaban” el estado de sitio, a medianoche mostraba a las masas manifestantes, ruidosas, incluso eufóricas. Sí, eufóricas: la movilización provenía del dolor y la conciencia de que detrás del estado ya no había “nada”. Pero ante esa nada se llenó la calle. Y eso dio lugar, de forma explosiva, a un efecto carnavalesco en el estado de ánimo: el lema latente de que la ciudad “es nuestra”, el efecto de la masa en movimiento, la recuperación para sí del espacio público, la manifestación, durante la noche –el lapso acotado en el tiempo– tuvo fuertes componentes emotivos, y también festivos.

Alrededor de medianoche la situación fuerza la renuncia del ministro de economía, Domingo Cavallo. Casi de inmediato, la policía avanza en Plaza de Mayo con gases lacrimógenos y caballos. La multitud se retira hacia la Plaza del Congreso, donde vuelve a congregarse, reuniéndose con los que ya estaban allí. Con el correr de las horas, la policía vuelve a avanzar reiteradamente. Corridas, heridos, dispersión. La noche avanza. Algunos manifestantes aguardan en los alrededores de las plazas, mientras el resto se retira, pacíficamente, y aguarda la próxima jornada.

Pero la jornada del 20 de diciembre resulta sangrienta: el poder descompuesto no se retiraría sin un saldo de decenas de muertos. Mientras los titulares de los matutinos anunciaban la renuncia del ministro y mostraban las fotos de la manifestación, el movimiento continuaba. Durante las horas de almuerzo o de descanso, las plazas céntricas y sus alrededores volvían a llenarse. La policía comenzó no sólo a reprimir las congregaciones, sino a perseguir a los manifestantes por las arterias circundantes.

A media tarde, otro discurso “autista” del hasta entonces presidente de los argentinos convoca a un gobierno de unidad. Mientras tanto, la represión por él ordenada cobraba ya sus víctimas fatales, y desataba los crueles disturbios del centro de la ciudad.

Las balas de goma se cambiaron por balas de plomo, la represión se tornó mortal. A pesar de ello, las manifestaciones continuaron.

Yo pude ver su carácter: en la esquina céntrica de Callao y Corrientes, a pocas cuadras del obelisco ensangrentado, cortamos la calle con banderas y cacerolas, acompañados desde los balcones y desde los autobuses, taxis y autos que debían desviarse. Ya no había quejas por la intromisión en su “derecho de tránsito”; los autobuses, taxis y autos, desviándose, se sumaban con sus bocinas y sus cantos a la manifestación.

Huida e impunidad
Al caer la tarde, un helicóptero se lleva al presidente de la Nación de la Casa Rosada: De la Rúa había presentado su renuncia. Luego, las cámaras de la noche mostrarían los destrozos, la manifestación que se apaga, y el saldo de víctimas fatales de la represión. Pero al día siguiente, el renunciante De la Rua regresa a la Casa de Gobierno y, como última medida, levanta el estado de sitio: sólo había servido para mantenerse en el poder 24 horas más, y dar vía libre a una masacre. Ahora, para él, para ellos, aquella medida represiva ya no tenía sentido; como respondiera un ex ministro saliente (y sonriente), ante la pregunta de un periodista sobre el futuro: “no me pregunte a mí; ya no es problema nuestro”.

(cont. Parte 2)