Más acá y más allá de la politización de la justicia argentina.
Rituales y voces del retorno

Mirta Alejandra Antonelli
Universidad Nacional de Córdoba
Argentina

Mientras escribo este breve ensayo, el reciente pasado no cancelado regresa una vez más. Con la insistencia de la verdad que se obstina, el pasado conmueve el presente con el anacronismo, ese trastocamiento del tiempo con el que Borges habitó y marcó nuestra literatura. Son los retornos que las políticas de olvido, bajo la retórica del perdón como coartada, no han podido impedir.
En el marco de los llamados "Juicios por la verdad", escenario en el que se viene encuadrando el derecho a ese pasado, sin efectos jurídicos sobre los responsables, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) entrega hoy a sus deudos los restos identificados de uno de los miles de desaparecidos, exhumados de las fosas comunes del Cementerio San Vicente, de mi ciudad.

Entre la ética del silencio y la responsabilidad pública, el EAFF ha encontrado el modo de decir que son éstas las mayores fosas comunes hasta ahora conocidas y que los restos hallados tienen en su rotunda materialidad la palmaria evidencia, las huellas brutales de una modalidad inédita y tremebunda de violencia.

Organizaciones de Derechos Humanos, profesionales, estudiantes y distintos sectores convocan para hoy al "escrache" domiciliario a Luciano Benjamín Menéndez, quien fuera jefe del III Cuerpo de Ejército, máximo responsable de la represión en Córdoba.
"Si no hay justicia, hay escrache", dice la convocatoria. Esta consigna que H.I.J.O.S. instaló en el repertorio sociosimbólico y político a mediados de los 90, en plena impunidad de la presidencia menemista que indultara a las juntas militares y a los represores de distintas fuerzas de (in)seguridad, no claudica en la interpelación al gobierno de la democracia postdictatorial, a sus intituciones y a la sociedad política, a la punición de los responsables del terrorismo de estado; a des-escribir las leyes que el propio estado produjo.

Manifestación por la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida- Buenos Aires, 12 de Agosto de 2003- Foto: Marcela Fuentes.

En esta escena del hoy, el retorno de los que ya no están sin haberse ido jamás vuelve en los reclamos incesantes de sus deudos directos pero también societales, comunitarios. Pienso cómo se ha ampliado la posición de herederos, del crimen de estado pero también del derecho a tener derechos y a la justicia, posición crítica que durante más de dos décadas ha permeado, con un derrotero no lineal, a distintos sectores de la sociedad argentina. Y pienso en las Madres, que inauguran este linaje invertido donde ellas son paridas por los hijos, pidiendo lo imposible: "aparición con vida".

Este enunciado radical, fuera de la lógica del cálculo y de la economía, desde los tiempos de la dictadura, anunciaba que el futuro retornaría del pasado, que la lucha por los derechos humanos ante el estado terrorista no tendría cierre; no sería relato, sino acción sociopolítica y cultural inacabada, performatividad más allá de los rituales de las instituciones del estado. Pienso en las Abuelas, en medio de la impunidad del menemismo, abriendo las causas, no prescriptibles, por sustracción y apropiación de identidades de los bebés nacidos en cautiverio o robados de sus domicilios por los "grupos de tareas" en los operativos.

Pienso que Menéndez está con arresto domiciliario por esa causa, no por las torturas, vejaciones y desapariciones que hoy los restos identificados y restituidos por los antropólogos forenses están aportando como pruebas para la "producción de verdad" en el Juzgado Federal número 3 de Córdoba. Pienso cómo este linaje, en medio de las leyes del perdón y los indultos, vienen abriendo brechas, fisuras en ese cuerpo normativo que fijó los límites del "estado de derecho" definido por la política gubernamental de turno; política que ha instaurado esos cuerpos normativos por decreto, con la mera "fuerza mística de la autoridad", instituyendo una legalidad ad hoc que no puede fundar su legitimidad.
Me pregunto cuál es la temporalidad de este proceso de veridicción y justicia, cuál es la productividad societal que están en juego.
Al preguntármelo, otro fantasma revisita mi escritura, como si lo hubiera conjurado, y tomo un fragmento:

"(...) Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda de este terror. Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. (...)"

Lleva la firma -signatura de un nombre y un cuerpo- y una cédula de identidad: Rodolfo Walsh. Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. Es el primer aniversario del golpe (1976-1983). En su "Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar", género escritural donde lo privado nace para tomar estado público, Walsh denuncia el terrorismo de estado, la violación de derechos humanos en Argentina. Ya han asesinado a su hija; ya han instaurado la censura de prensa, ya han iniciado la persecución a intelectuales. El caería al poco tiempo. Ese mismo año "las locas de la Plaza de Mayo" inician su infinita ronda: pañuelos blancos, fotografías que los brazos maternos portan en silencioso reclamo por la aparición de esos rostros sustraídos ante y por el estado terrorista. Quizás -conjeturo- varias de esas fotografías que inauguran en la plaza la trágica iconografía del ritual del duelo imposible pusieran rostros a las cifras sin identificación que denunciaba Walsh, el periodista y escritor.

La voz/escritura de este parrhesiastés, el que decide éticamente decir la verdad ante el poder aún sabiendo que el costo es la propia vida, y los cuerpos silentes pero inclaudicables de estas (nuestras) "antígonas" del sur, pugnaban por hacer saber y a la vez exigir una verdad denegada por el monolítico y monológico discurso oficial y mediático de la Junta Militar. Las lenguas clandestinas y la oralidad - el rumor, la conversación en voz baja en los espacios íntimos y privados, etc.- , recién entrarían al régimen de verdad, en el ritual de las formas jurídicas que abre el acontecimiento del juicio a las juntas en la democracia argentina de la transición. "30.000 primaveras", dicen los H.I.J.O.S., le diría, si pudiera, a Walsh.
¿Cómo se mide este tiempo por el cual una sociedad, como la Argentina, va a mudar su discursividad, va a fundar un "archivo", como diría Foucault?; ¿A qué imprevisible productividad sociocultural y política abriría esta nueva condición para decir y hacer ver lo hasta entonces no puesto en palabras, no hecho visible?, ¿Qué repertorios, escritos en los cuerpos de la memoria y en la memoria encarnada encontrarían modos de simbolizarse?

Si el criterio para esta mensura sólo reposara en la política de Estado, se vería que las leyes de Obediencia Debida y Punto Final interrumpieron la prosecución de ese proceso iniciado en 1983 y que, de manera siniestra, el indulto de 1989 canceló sus efectos jurídicos. De manera llamativa, la doble presidencia menemista que cancela los efectos del juicio, la herencia traumática más sistémica de una sociedad postdictatorial, concluye su política de impunidad a fin de la década, la más regresiva en el dominio de todos los derechos humanos, teniendo al Estado como máximo depredador.

Durante esa década dominada por la urgencia económica que instaló el neoliberalismo, dominada por discursos y prácticas oficiales que trabajaron para borrar identidades colectivas ligadas al estado social que el menemismo estaba "transformando", la genealogía de los herederos, Madres, Abuelas, H.I.J.O.S, Familiares, mostró la productividad didáctica del movimiento de derechos humanos no sólo ante las políticas de olvido, del pasado y del presente, y las deudas del estado -deudas con los que ya no están y con los que áun no han advenido, los porvenir. En forma de red, trama incesante urdida entre las microfísicas y los impactos en la escena mediática, esta productividad permeó instituciones, cohesionó colectivos, aunque inestables y contingentes, mostrando que la politicidad requería nuevas ocupaciones del espacio público, en los márgenes del estado para impactarlo, generó un repertorio sociosimbólico que permitió tramitar otros reclamos societales ante la ausencia de justicia e hizo evidente la dimensión sociohistórica en la que se entrama toda formación de subjetividades. También mostró que hay un límite de transgresión para el pudor social ante la deslegitimización de la clase política, como en diciembre del 2001 y enero del 2002.

Con cierto mal disimulado desasosiego, me parece ver en la actualidad política argentina, que también ha sentado las condiciones de posibilidad para construir legitimidad y densidad a la palabra y al cuerpo políticos, condición para reanudar la comunicación política que se volviera imposible en enero del 2002, con la condena generalizada del "Que se vayan todos" en una escena enmudecida y vacía de cuerpos políticos ante el escrache extendido.

Foto: Mariano Tealdi.

De manera intermitente, la sociedad política que ha conformado los gobiernos democráticos de la transición y postransición argentinas ha mostrado su versatilidad para poner y sacar de la escena y la agenda públicas y políticas, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes del perdón; ha discutido o ratificado, como el menemismo en la última campaña presidencial del 2003, si el indulto era/no era necesario para "la pacificación"; que la soberanía nacional de la justicia no era, a diferencia de toda otra -económica, territorial, etc.- negociable.... La otra sociedad, la que no ocupa el campo tradicional de la política, ha venido ocupando el lugar vacante de una justicia ausente, una sociedad punitiva que ha hecho del escrache de H.I.J.O.S. la condena social ante la impunidad y la corrupción.

Pero esta incesante productividad es sobre todo un plus, un trabajo sociocultural que no se deja medir sólo por la interfase entre cultura y politica. La política cultural de la memoria histórica es una urdimbre que no cifra su performatividad en la aleatoria cooptación de la sociedad política. La heredad simbólica y material de la Argentina no es su patrimonio. Es un (nuestro) trabajo.

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